Como exfuncionario público, tengo el deber ineludible de rendir cuentas ante la ciudadanía,
por lo que siempre he estado en la mejor disposición de informar a las autoridades que así
lo requieran, sobre mis ejecutorias.
En este momento, personas de dudosa reputación se han dedicado a presentar denuncias
sin fundamentos, respecto a supuestos actos de corrupción en los que pretenden
involucrarme.
Por ello, me es menester responder y aclarar las publicaciones realizadas en algunos
medios digitales, según los cuales se habría vuelto a presentar ante la PEPCA una querella
en la que se menciona mi nombre, por lo que reitero, punto por punto, la declaración que
realicé en mayo de 2021, sobre la misma situación.
A continuación, la declaración ya realizada, que toma ahora aún más sentido.
Mi declaración jurada de bienes y mi declaración anual ante la DGII están disponibles, con
todas las informaciones de los ingresos obtenidos por mí y mi esposa y el detalle de todos
los bienes a nuestro nombre, así como de la empresa familiar.
El Ministerio de la Presidencia, durante mi gestión, nunca intervino en la asignación de
recursos provenientes del fondo de los combustibles.
Tampoco se compraron o gestionaron adquisiciones de entidades militares y/o policiales.
Todas las contrataciones las hicieron las instituciones gestionadas por sus respectivas
unidades de compras.
Todos los verdaderos interesados en conocer la verdad, tienen la posibilidad de consultar
la Tesorería Nacional, solicitando una certificación donde se establezca si es verdad o no
que esos fondos fueron autorizados por mí.
Las auditorías al MINPRE, solicitadas por mí durante los 8 años como ministro, fueron
realizadas por empresas privadas independientes, así como por la Cámara de Cuentas y
están disponibles en los archivos del Ministerio de la Presidencia y en la propia Cámara de
Cuentas.
Las informaciones de esas auditorías muestran la forma responsable, transparente y pulcra
en que se manejaron los recursos públicos del presupuesto institucional. Ninguna auditoría
o informe de funcionario alguno reportó irregularidades de carácter penal en las
operaciones del MINPRE ni del 911.
Confiamos en que la justicia actúe con ecuanimidad. No obstante, la ciudadanía debe hacer
esfuerzos por poner freno a las denuncias irresponsables, realizadas sin pruebas ni
evidencias. Con ello, evitaríamos también que esas acciones puedan dañar la imagen de
la propia justicia.
Ensuciar y arrojar sombra impunemente sobre reputaciones ganadas durante toda una vida
y con mucho esfuerzo, no ayudará a construir un mejor país y le hace un flaco favor a
nuestra democracia.
